jueves, marzo 28, 2013

Violencia, coacción y democracia: ¿incompatibles?


Últimamente ha habido mucha discusión en torno al derecho de una plataforma como la que se enfrenta a los desahucios, la PAH, a acosar a los políticos contrarios a sus posturas en sus casas a través de estigma y protestas en sus lugares donde viven.
De mis recuerdos en Israel, viviendo en Jerusalén, me acuerdo que en muchas ocasiones las protestas ciudadanas en efecto se realizaban en frente a las casas de políticos, particularmente el del primer ministro que, por supuesto, estaba flanqueado constantemente por una tropa de guardias de seguridad que prevenían cualquier ataque como el del asesinato de Itzhak Rabin en 1995.

Según Spinoza y Hobbes, el uso de la violencia legítima se debía limitar al Estado, sea cual sea su composición política. La tolerancia del ejercicio de la violencia por personas ajenas al Estado supondrían la sedición y el quiebre del aparato estatal, garante de la felicidad de los individuos que coexisten en una sociedad. Sin embargo los entes políticos cambian, se forman y desaparecen de acuerdo a la voluntad, o falta de voluntad, de sus miembros. Los períodos revolucionarios son una expresión de ese quiebre del Estado a favor de la creación de un nuevo régimen. Como se deduce a partir del axioma anterior, las revoluciones son por definición violentas.

Pero existe otro tipo de revoluciones que implicaron la existencia de una violencia, pero esta vez a partir de la dirección de un Estado ya establecido. Marx ha escrito mucho sobre los abusos que supuso la implantación de la revolución industrial, incluyendo los enclosures, o privatizaciones de tierras ancestralmente de propiedad común de una aldea o un pueblo, forzando a los campesinos a la miseria y a la migración masiva a las grandes ciudades que les acogerían en barrios chabolistas plagados de cólera y tuberculosis. Toda protesta social sería brutalmente reprimida por el Estado, firmemente en el control de una élite que se beneficiaba tanto de los enclosures como de las condiciones de pauperización de lo que sería el proletariado industrial.

Pero esa violencia revolucionaria siempre se vio como "moderada" en comparación con el caso de la revolución francesa, a pesar de eventos genocidas como la hambruna irlandesa de mediados del siglo XIX, creación ideológicamente motivada por el bien de las nociones novedosas del "libre mercado". En ambas ocasiones el resultado final sería la creciente democratización del Estado, a medida que las divisiones legislativas herederas del Estado corporativista se eliminaban a favor del Estado con legislación unificada para todos los ciudadanos. Esta noción simplificada no hace justicia a los procesos complejos que supuso la democratización de los siglos de la tardía modernidad, y no supone esto un ensayo de historia. Sólo quiero indicar que los procesos democratizadores europeos supusieron un enorme esfuerzo de todas los actores sociales y políticos, y en el fondo siempre supuso una violencia revolucionaria a favor o en contra de las clases dominantes de un sistema.

En España está surgiendo un clima de violencia revolucionaria que nada tiene que ver con los casos anteriores. En revoluciones como la francesa y rusa, la violencia era directa y de facciones. En el caso de Inglaterra, la violencia era más gradual y dirigida por distintos agentes sociales, actuados de forma indirecta aunque igualmente letal. Han pasado muchos procesos del siglo XX para saber que ya no es factible la violencia revolucionaria tradicional, y por lo tanto se descarta, especialmente en un país como España donde millones han muerto en consecuencia de esos intentos de cambio político. Sin embargo lo que ocurre hoy en España, incluyendo el acoso a los políticos y la presión coactiva de la ciudadanía a los corruptos que han saqueado a las arcas públicas como a los bolsillos de los oprimidos, es violencia. Dicho esto, violencia no es negativa en todas sus facetas, puesto que como lo dice el axioma presentado arriba, violencia es parte del ejercicio del poder.

La ciudadanía tiene derecho a usar una violencia proporcional a las necesidades que tiene en defensa de su integridad personal, de derechos y de propiedad. En realidad lo que ocurre es que tenemos un Estado tiránico que ha cambiado de
forma frívola la constitución a favor de sus abusos de poder, y como tal el acto violento no está fuera de cuestión. Pero con esto en consideración, es claro que no podemos incluír todos los actos violentos en un mismo saco. La desligitimación de toda violencia es una herramienta del Estado a protegerse de las acciones ciudadanas que pueden ejercer en democracia. No sólo se quita el derecho al ciudadano a asesinar, robar o extorsionar a personas, que es algo legítimo. Se le quita también el derecho a ejercer cualquier coacción que incluyan: acciones sindicales, protestas, o cualquier acto que incomode a los políticos que están contrarios a los derechos de los ciudadanos.

La "tolerancia cero" que suponen las reacciones de políticos del
PP o de UPyD en estos últimos días es un síntoma del cinismo que existe hoy en el escenario político español. Reclaman que la democracia se garantiza por el ejercicio "adecuado" de las instituciones estatales, cuando en realidad la democracia es, y siempre fue, el ejercicio del poder por parte de la ciudadanía en toda su diversidad implícita. El Estado democrático ejerce el monopolio de la violencia como representante de la ciudadanía, no en contra de ella. Con este axioma, la violencia siempre fue la propiedad de la ciudadanía que forma parte del Estado, y no del Estado que "cede" ese poder a la ciudadanía.

En el momento que el Estado utiliza la violencia coercitiva en contra de los intereses ciudadanos, como ocurre hoy en España, la ciudadanía tiene el derecho a ejercerla por el bien de sus propios intereses. Pero eso no es, ni nunca será, una carta blanca a un sin-número de abusos cometidos por el bien "del pueblo" como se vió en el siglo XX. Todo lo contrario: el uso racional de la violencia implica la limitación de su uso a momentos y acciones concretas que lleven a la ciudadanía al objetivo de la mayor democratización y emancipación, que implica la reconstrucción de la representación ciudadana en el Estado.


En este sentido, las acciones de la PAH sobre los políticos en estos últimos días es no sólo legítima, sino adecuada vistas las circunstancias del país y de la gravedad del daño provocado por esos personajes. La falta de responsabilidades políticas a través de las instituciones estatales actuales señalan la inviabilidad del sistema constitucional actual, y exigen el remedio de un nuevo proceso constitucional que suponga la reestructuración política de España. Personalmente yo abogo por una república federal y representativa, pero eso es tema de otra discusión